Pesca INDNR, condiciones laborales y la industria española de productos del mar - La importancia de la diligencia debida en la cadena de suministro

El objetivo de este informe elaborado por la EU IUU coalition en colaboración con ClientEarth es ilustrar los riesgos de la pesca INDNR asociados al comercio de productos del mar en España e informar a la industria española de dichos productos de los riesgos que supone la pesca INDNR para sus cadenas de suministro.

En definitiva, este informe pone de manifiesto que:

• España importa grandes cantidades de productos del mar de países que actualmente cuentan con una tarjeta de acuerdo con el Reglamento INDNR de la UE (desde enero de 2022). Las empresas españolas que se abastecen de productos del mar de estos países deben aplicar el sistema de diligencia debida para garantizar que ningún producto procedente de la pesca INDNR se comercializa en España;
• También se importan grandes cantidades de productos del mar de países de alto riesgo en materia de pesca INDNR (según el Índice de pesca INDNR). Incluso aunque estos países no hayan recibido ninguna tarjeta, se debe aplicar el sistema de diligencia debida en toda la cadena de suministro al importar productos del mar de estos países de alto riesgo;
• En 2020, España importó más de 10.000 toneladas de pota procedente de China. La pesquería mundial de pota se encuentra sin regular en gran medida y existen numerosos informes sobre prácticas de pesca ilegal por parte de buques de captura de pota de bandera o propiedad china.
• Se han descubierto actividades ilegales en el comercio de atún rojo del Atlántico en las que se ha
  visto involucrada una empresa española. Todos los años se importan grandes cantidades de atún rojo del Atlántico en España o se comercializan en dicho país, procedentes tanto de países no comunitarios como de Estados miembros de la UE;
• Como producto valioso que es, existen casos documentados de etiquetado erróneo en el mercado del pez espada.España importa grandes cantidades de pez espada tanto de los Estados miembros de la UE como de países no comunitarios, y las empresas tienen que ser conscientes del riesgo que entraña el fraude de los productos del mar.